El Sur de Tenerife atraviesa una situación crítica en materia judicial. La sobrecarga estructural que soportan los juzgados de Arona y Granadilla de Abona ha alcanzado niveles insostenibles, afectando directamente a ciudadanos, profesionales y empresas, y comprometiendo derechos fundamentales como el acceso a una justicia eficaz y en un plazo razonable.
La Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias refleja con bastante claridad la gravedad del escenario actual. Nuestro Archipiélago lidera, por sexto año consecutivo, la tasa de litigiosidad de todo el Estado, con 212,51 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional.
Dentro de este contexto, los juzgados del Sur de Tenerife se sitúan entre los órganos con mayor crecimiento de carga judicial del Archipiélago. Arona registró un incremento del 8,06% con 29.555 asuntos, mientras que Granadilla de Abona alcanzó un 7,41% más, con 11.804 procedimientos.
La propia Memoria del TSJC vincula esta elevada litigiosidad a economías sustentadas en el sector servicios, realidad que define plenamente al Sur de Tenerife, motor económico y turístico de Canarias. Sin embargo, pese al crecimiento poblacional, económico y empresarial de la comarca, los recursos judiciales continúan siendo claramente insuficientes.
Un abandono estructural que el Sur ya no puede asumir
La falta de inversión y de planificación en la planta judicial del Sur ha generado un colapso estructural que se arrastra desde hace años. La situación del edificio judicial de Granadilla de Abona simboliza este abandono institucional.
Según recoge el propio TSJC, se trata de una sede obsoleta, construida en 1972, que no ha recibido reformas de modernización en décadas y que no reúne las condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y dignidad necesarias para desarrollar adecuadamente la actividad judicial y la atención al público.
La Memoria señala, además, importantes carencias en materia de seguridad, ausencia de plan de evacuación y una situación especialmente delicada en el Juzgado nº4 y en el Registro Civil. Incluso se recoge una circunstancia difícilmente imaginable en pleno 2026 como que juezas sustitutas que realizan labores de refuerzo no disponen siquiera de despacho, recordamos que este juzgado ha sido definido por las altas instancias judiciales como de “fallido”.
Esta realidad provoca una elevada rotación de personal judicial y dificulta enormemente la estabilidad del sistema
Consecuencias reales para ciudadanos y empresas
El colapso judicial no es una cuestión administrativa abstracta. Tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas y sobre el desarrollo económico del Sur de Tenerife.
Los retrasos acumulados provocan que numerosos procedimientos se prolonguen durante meses e incluso años, generando inseguridad, indefensión y desgaste emocional. Y cuando la justicia llega tarde, el daño muchas veces ya es irreversible.
Las consecuencias también afectan de lleno al tejido empresarial y profesional. Litigios mercantiles eternizados, ejecuciones paralizadas, reclamaciones pendientes o conflictos laborales sin resolver generan inseguridad jurídica y frenan inversiones. Para autónomos, pymes y empresas resulta cada vez más difícil operar con normalidad en un entorno donde los tiempos judiciales se han vuelto imprevisibles.
A ello se suma la enorme presión que soportan jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos, obligados a trabajar bajo cargas de trabajo muy por encima de los límites recomendados.
Actualmente, tanto Arona como Granadilla superan ampliamente el 130% de carga judicial, indicador que activa la necesidad de crear nuevos órganos judiciales y reforzar medios humanos y materiales.
Reformas valientes y visión de futuro
Desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) consideramos que ha llegado el momento de afrontar esta realidad con determinación, planificación y visión de futuro.
Entre las soluciones planteadas destaca la reunificación de los juzgados de Granadilla de Abona y Arona en el edificio de los juzgados de Arona, una propuesta respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por operadores y profesionales del ámbito jurídico. Para el CEST, el hecho de que esta iniciativa cuente con el apoyo de operadores jurídicos constituye un argumento de peso para que sea estudiada con rigor y sin prejuicios.
La prioridad debe centrarse en optimizar recursos humanos y materiales, mejorar la coordinación y garantizar una respuesta judicial eficiente, acorde con la dimensión social y económica del Sur de Tenerife. Necesitamos decisiones de sentido común avaladas por quienes son expertos en la materia y alejarnos de romanticismos ancestrales. No obstante, cualquier reorganización debe ir acompañada necesariamente de un incremento real de medios. Es decir, son necesarios más jueces, más fiscales, más letrados de la Administración de Justicia y más personal funcionario.
Asimismo, el CEST considera fundamental la creación de una sección de lo Social en el futuro tribunal de instancia de Arona, acorde con la enorme actividad económica, laboral y empresarial que concentra la comarca sur de la isla.
El Sur exige soluciones
El Sur de Tenerife no puede seguir soportando esta situación. Afrontar el colapso judicial ya no es una opción aplazable, sino una necesidad urgente para garantizar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva en plazo razonables, reforzar la seguridad jurídica y preservar la confianza de ciudadanos y empresas en las instituciones.
El Sur merece una justicia moderna, eficiente y dimensionada a la realidad económica y poblacional que representa. Seguir mirando hacia otro lado solo profundizará la sensación de abandono que desde hace años sufren miles de ciudadanos que no están dispuestos a seguir sintiéndose ciudadanos de segunda.