El empresariado del sector turístico canario ha reaccionado con decepción y cierto malestar al plan de apoyo a la actividad anunciado este jueves por Pedro Sánchez. En primer lugar porque en gran parte se trata de un compendio de medidas ya aprobadas; y en segundo lugar porque no incluye la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. Los hoteleros y demás empresarios vinculados al turismo no entienden que el Gobierno central anunciara a bombo y platillo el Plan de impulso para el sector turístico pos-Covid-19 cuando el propio Ejecutivo sigue sin garantizar la continuidad de los ERTE por fuerza mayor al menos hasta fin de año. El Gobierno de Sánchez está negociando con la patronal y los sindicatos la prolongación de este tipo de ERTE (una medida ad hoc para evitar despidos masivos mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales), pero las conversaciones no van por buen camino. Y con independencia de esta negociación, de la que debería salir el marco al que atenerse en el conjunto del país, los empresarios isleños tampoco confían en el acuerdo entre el Ejecutivo estatal y Coalición Canaria (CC) para que, con independencia de lo que ocurra en el diálogo social, los ERTE por fuerza mayor sigan vigentes en el Archipiélago. Si la confianza ya era poca, ahora lo es menos tras comprobar que el plan turístico nacional no contiene ni una sola medida específica para Canarias.
«Decepcionante». Es el calificativo con que Santiago de Armas, presidente de IFA Hotels y consejero del grupo Lopesan, se refirió ayer al programa de apoyo al sector del Ejecutivo central. Sobre todo porque las empresas habían depositado sus expectativas en un plan que en principio debía hacer justicia a un negocio que en España es motor de la economía y en Canarias casi es la economía misma. Sin embargo, es tan grande la diferencia entre las expectativas y lo plasmado en la hoja de ruta del Gobierno que la referencia al sector como motor económico se ha quedado en eso: en una mera referencia. De ello se lamentó el presidente de IFA, que resumió el programa de ayudas en «una recopilación de cuestiones que ya están en marcha o estaban más o menos pactadas».
En este sentido, el hotelero recordó que la línea de avales públicos, que supone más de la mitad del montante del plan (unos 2.500 millones de un total de 4.262), no es ninguna novedad. Tan es así, que el Consejo de Ministros del martes aprobó el quinto y último tramo, de 15.500 millones de euros, de la línea de avales del ICO para paliar las consecuencias del coronavirus en las empresas. Es de esa cuantía de la que se reservan para el turismo los 2.500 millones que el Gobierno incluye en el plan de apoyo. Precisamente en esto, en el hecho de que el grueso del programa no lo constituyan ayudas propiamente dichas, sino avales o préstamos (los 859 millones para promover la competitividad, por ejemplo, también son fundamentalmente créditos blandos), incidió Nicolás Villalobos, director general de Cordial Hotels & Resorts. «Necesitamos un apoyo directo, y no regalándonos nada, sino al menos no pegándonos tan fuerte», ahondó el empresario, que cree que el Gobierno está actuando con «absoluto desprecio» hacia el motor del país.
No en vano, Villalobos considera que «lo que más necesitamos es justamente lo que falta en ese plan». Es decir, la prolongación de los ERTE. «Estamos disgustados y consternados; el Estado pretende obligarnos a pagar una especie de impuesto al no trabajo, pretende que coticemos por una relación laboral que ha perdido su causa», argumentó el director general de la cadena Cordial, que hizo hincapié en que sin solucionar este tema, esto es, sin el mantenimiento de «bonificaciones significativas» en los ERTE, el plan solo es papel mojado.
Jordi Estalella, director comercial de Dreamplace Hotels, no solo comparte la preocupación de De Armas, Villalobos y demás empresarios consultados, sino que también puso énfasis en que si no hay «flexibilidad» en los expedientes temporales de regulación, difícilmente podrán los negocios asumir el más mínimo riesgo. «Más allá de planes, lo que hace falta es flexibilidad en los ERTE para poder asumir riesgos, para no dar pasos en falso», insistió Estalella. Y ¿qué significa esa «flexibilidad»? Pues que si una empresa necesita reactivar a un centenar de sus trabajadores en ERTE, por ejemplo, pueda devolverlos a esa situación, a todos o a una parte y con las mismas bonificaciones en las cuotas sociales, si en las semanas o meses siguientes las cosas se complican, sin ir más lejos por un indeseable rebrote del virus. Si esto no se permite, muchas empresas irán a tientas y difícilmente podrán planificar su actividad en un momento en el que nadie se atreve a pronosticar cuántos británicos o alemanes vendrán a Canarias y, por tanto, sin saber cuántos trabajadores necesitarán. «Tendremos que esperar», recalcó el representante de Dreamplace.
También Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, confirmó que sin la continuidad de los ERTE, el plan estatal nace cojo. Ucelay calificó de «muy positiva» la medida de la carencia de los créditos hipotecarios, pero precisó que ni está la clave de bóveda para el sostenimiento del sector (los ERTE) ni tampoco hay ayudas o bonificaciones fiscales en favor de las empresas o, como en Italia, deducciones en la renta por el gasto en vacaciones.
